En días pasados propuse una reforma a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que permita enfrentar de lleno el deterioro ambiental, con apoyo coordinado entre la autoridad y la ciudadanía. Esto, adicionando un párrafo al artículo 70 de citada reglamentación.
En primera instancia dará facultades para que los órganos oficiales, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en conjunto con los municipios, para que puedan establecer programas sobre cultura ambiental, propiciando actitudes y conductas de participación comunitaria en las tareas de protección, conservación y restauración del ambiente; el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y propiciar los conocimientos sobre las causas del deterioro del mismo, así como las medidas para su prevención y control, promoviendo la participación individual y colectiva.
Estos mecanismos propiciarán la participación comprometida de los medios de comunicación masiva en el fortalecimiento de la conciencia ecológica, y la socialización de proyectos de desarrollo sustentable.
Se fortalecerán las facultades de las alcaldías para ejecutar medidas de mitigación y adaptación a nivel local, incorporando de manera coordinada una política integral, como a la vez estrategias y soluciones para el calentamiento global, identificando los problemas en cada territorio.
Las medidas expuestas servirán sustancialmente, toda vez que México es uno de los países más vulnerables del mundo ante el cambio climático debido en buena parte a sus características geográficas -como sus más de 15.000 kilómetros de costa-, pero también aporta su granito de arena al calentamiento global: es uno de los 15 mayores emisores de gases de efecto invernadero con el 1,47% del total mundial y la petrolera estatal, Pemex, se sitúa entre las diez empresas más contaminantes del mundo. Y, a mayor quema de petróleo, mayor aumento en las temperaturas.
